La doble cara del régimen de Maduro: feminista en el discurso, pero no en la práctica

  • En el país no hay políticas públicas orientadas a la prevención y atención a las víctimas de violencia de género ni cifras que permitan evaluar la dimensión del problema
Crysly Egaña / EL NACIONAL

Fotoleyenda: Manifestación de chavistas hasta el Palacio Federal Legislativo el 14 de enero de 2020. Foto: Minci.

Martes 11 de mayo de 2021

Las redes sociales, sobre todo Twitter e Instagram, fueron la tribuna desde que las víctimas de violencia de género han alzado su voz desde hace dos semanas para evitar que el acoso y el abuso sexual se repitan.

Exigen ser escuchadas y que se deconstruyan las dinámicas culturales que han “normalizado” la violencia. Es el movimiento #YoTeCreo, una réplica del #MeToo que se generó en Estados Unidos en 2017.

El 28 de abril, cinco días después de que los testimonios abundaran y señalaran a músicos y personas del gremio teatral, el fiscal nombrado por la extinta ANC, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público iniciaba investigaciones penales contra Willy Mckey -que admitió haber abusado de una menor y se suicidó un día después en Buenos Aires-, el cantante Alejandro Sojo -que también admitió haber abusado de menores en un comunicado- y el baterista Tony Maestracci, así como de los directores teatrales Juan Carlos Ogando y José Luis “Pepe” Arceo.

En una nota de prensa, el Ministerio Público señaló que decidió proponer una revisión de la legislación relativa a los casos de abuso sexual, “a los fines de corregir los vacíos que puedan existir, de tal manera de evitar que este tipo de agresores puedan evadir la acción de la justicia”.

“Hemos reivindicado desde el comienzo de nuestra gestión en agosto de 2017 que la violencia, el acoso y el abuso de poder en contra de las mujeres serán perseguidos con todo el peso que la ley porque estamos protegiendo los derechos humanos de nuestra población femenina”, agregó Saab.

La ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Carolys Pérez, con apenas siete meses en el cargo, indicó que la institución “como garante de la seguridad jurídica de las mujeres” se puso “a la orden para recibir, acompañar y defender a las víctimas de tan abominables hechos” y habilitó la línea (0800-MUJERES) para canalizar denuncias y que El Nacional pudo verificar que está operativa.

Son respuestas que parecen ser diligentes, tomando en consideración que la administración de Nicolás Maduro desde sus inicios, e incluso él en actos públicos se ha llamado así mismo “feminista” y que la “revolución” propuesta por Hugo Chávez, no solo es “socialista” sino “feminista” y que están en la construcción de un “socialismo feminista bolivariano”.

Bajo presión

Activistas feministas percibieron la respuesta a la oleada de denuncias como “positiva”, pero al mismo tiempo les preocupa que solo sea una respuesta reactiva a la presión ejercida desde las redes sociales y que no se generen verdaderos cambios.

“El Ministerio hizo su trabajo y lo hizo por la presión en redes. Hay que ver si cuando no existen esa presión actúan, porque de nada sirve que saquen un papelito en Twitter diciendo que van a citar a fulanito. Su trabajo es garantizar la justicia para todos y todas. La cuestión es que no se quede en Twitter. Y no solo es protección y justicia a los casos actuales, sino a todas las mujeres que han llegado allí y las han revictimizado o no las han tomado en cuenta. Cuando hablamos de justicia, la queremos completa”, señaló Melanie Agrinzones, miembro del grupo feminista Uquira.

Para Victoria Romero, parte del movimiento Método WOM, se requieren cambios estructurales para que realmente las demandas puedan ser tomadas en cuenta. “Que el Estado haya respondido con premura a las exigencias por la presión que se ha hecho es un avance. Incluso han incentivado la denuncia, pero son cosas de forma, y se requieren acciones de fondo. Si no hay acceso a la justicia, no hay derecho al debido proceso, retardo procesal, índices altos de impunidad, no hay funcionarios sensibilizados para recibir denuncias, entonces no están protegiendo realmente a las mujeres, por lo que no se sienten seguras y no se desarrolla una cultura de la denuncia. Si se atacan todas las fallas estructurales puede haber justicia, antes no”.

Victoria Alen, activista del colectivo Tinta Violenta, ve positiva la respuesta y cree que puede generar un impacto, pero no se confía. “Las personas que consideran que ese tipo de acciones estaban siendo normalizadas se dan cuenta que hay consecuencias y van a pensarlo mejor. Lo que me preocupa es que se vea solo como una cosa coyuntural nuevamente. Algo que sucedió en un período específico y que volvamos nuevamente a este estado de inercia institucional en el que vivimos perennemente en el que no se sabe cómo denunciar, ni dónde. El Estado que debería estar ocupándose de eso; no cumple las funciones que debería cumplir”, señaló.

Incluso la activista y abogada Linda Loaiza, sobreviviente de cautiverio, tortura y violencia sexual hace 20 años, pide justicia para sí misma y otras violencias públicas vinculadas con su agresor, Luis Antonio Carrera Almoina, como la que hizo Zuleima Yamilet Arráiz, cuyo testimonio fue publicado este año en El Estímulo.

Almoina fue absuelto de todos los cargos en 2004. La defensa apeló y se abrió un nuevo caso. En 2006 fue condenado por los delitos de lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad, pero no por los cargos de violación y homicidio frustrado que también le imputaba la Fiscalía. Ya en 2009 gozaba de libertad plena.

En 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que declara al Estado venezolano de haber violado los derechos de Loaiza en el proceso judicial y ordenó que debe seguir investigando y sancionar a los funcionarios que no investigaron desde un primer momento su caso y los involucrados en las irregularidades.

Después de dos años no ha recibido respuesta sobre esta sentencia.

Un Estado ¿feminista?

Trabajar en beneficio de los derechos de las mujeres ha sido una de las prédicas de Nicolás Maduro. En 2014 declaraba que la “revolución es feminista, socialista y chavista”. Luego, en 2015 dijo que “las mujeres han jugado un papel protagónico, por su calidad, su eficiencia, por su profesionalismo” y que “los hombres vamos a tener que ponernos las pilas porque las mujeres están demostrando lo que dijo Bolívar y repetía Chávez siempre: las mujeres son superiores a los hombres”.

En 2018 presentó la “Agenda programática de las mujeres y la igualdad de género” que definió como “la construcción del poder de las mujeres” y que contempla el feminismo como “un componente central” de la “revolución”. El documento presenta las acciones y planes que se llevaran a cabo como parte del “Plan de la Patria 2025”.

Incluso, recientemente, en el Día Internacional de la Mujer, dijo que “hemos hecho retroceder el machismo y la cultura patriarcal casi a nivel de ser invisible”.

Pero a la vez, también ha tenido declaraciones como: “¡A parir, pues, a parir! Todas las mujeres a tener seis hijos, todas. Que crezca la patria”, dijo durante la revisión del Plan Parto Humanizado, que apoya a las mujeres en gestación. También ha dicho que “la mujer está hecha para parir”. O que su esposa Cilia Flores “es su única propiedad”.

Victoria Alen, del colectivo Tinta Violeta, es tajante en su respuesta: “Sabemos que no son feministas para nada. Sus inquietudes no son de cerca las de los movimientos feministas. Por un lado, se le ha entregado poder a los movimientos religiosos conservadores del país y eso habla mucho de cuáles son sus intenciones, que son hacer alianzas en detrimento de los movimientos feministas y LGBTI. Al entregarle poder legislativo, que es lo que pasó recientemente, abren camino para que se cierren una cantidad de derechos a las mujeres y a los movimientos LGBTI. Eso es público y notorio”.

A su juicio, las respuestas en relación con la violencia basada en género “es coyuntural, mediática y reactiva”. “Se activan cuando las organizaciones feministas y sociales hacen escándalos o cuando se vuelven muy mediáticos los casos, pero no es una política pública que el Estado, por iniciativa propia, haya generado programas o una respuesta más estructural”.

Agrinzones pone el acento en la democracia: “Indiferentemente de que haya varios pensamientos dentro del movimiento, sin democracia no se hacen cambios, pues el único sistema que lo permite”. Y añadió: “Si el gobierno fuese feminista los problemas de las mujeres no estarían en un tercer lugar, ni debajo de la mesa. Es algo que se discutiría de forma coherente y con fuerza, porque atender la problemática de las mujeres es atender al 50% de la población y eso es algo que no ha hecho”.

No solo es el discurso, sino lo que se pone en práctica, indica Romero: “Un estado feminista es aquel que vela por la deconstrucción patriarcal, que elabora políticas públicas con perspectivas de género, que ayuda a potenciar el movimiento feminista y sus demandas”.

Sin políticas y sin cifras

Victoria Alen reconoce que el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, creado en 2009, hizo algunas cosas en el pasado, pero considera que actualmente están “desarticulados en líneas generales”.

“Hubo algunos programas como el Plan Mamá Rosa, algunas campañas, la iniciativa de la Ley Orgánica, los Cafim (Centro de Atención y Formación Integral para las Mujeres), pero con el tiempo todo eso fue escaseando y actualmente son prácticamente inexistentes y quienes hacen el trabajo de acompañamiento son las mujeres. No se montan en el trabajo para disminuir un problema estructural, sino que trabajan en función de lo que ya sucedió, encima de la desgracia. Pasó un femicidio, ya vamos a ver qué hacemos, ya hubo una violación, igual. Son sumamente reactivos”, afirmó.

Tanto Romero como Agrinzones coinciden en que no hay políticas públicas orientadas a la prevención y atención a las víctimas, ni cifras que permitan tener la dimensión del problema. Además, señalan que los entes receptores de denuncias no están sensibilizados y revictimizan a las víctimas. Tampoco hay casas de abrigo en el país.

En el informe No pensamos callar: la inseguridad y el desamparo como política de Estado hacia las mujeres realizado por Amnistía Internacional abordan el aumento de violencia por el confinamiento de covid-19 en el país, el papel de las organizaciones feministas y la ONG que no solo atienden y orientan, también dejan registros de las cifras de femicidios en el país que no se conocen en el país desde 2016; la falta de acceso a anticonceptivos, la mortalidad materna y la maternidad infantil. Concluye el informe que “las autoridades venezolanas fallan con su obligación de erradicarlas distintas formas de violencias contra las mujeres, al no adoptar accionesy prácticas que logren protegerlas, sancionar a los responsables, reparar a lasvíctimas y garantizar la no repetición”.

“Si no hay cifras es como ellos quisieran borrar la problemática, sin cifras no podemos hacer un diagnóstico claro. Es su trabajo garantizar el bienestar de la ciudadanía. No podemos generar políticas públicas sin cifras. Sin eso es como que si no hubiese problemas y si no hubiese problemas igual debería estar documentado y justificado”, asevera la activista de Uquira.

La Emergencia Humanitaria Compleja, además, pone a las mujeres en mayor riesgo, pues trae consigo la escasez de alimentos y medicinas así como la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos por el deterioro del sistema de salud pública. “Esto genera la feminización de la pobreza, es decir, las mujeres estamos siendo las más vulneradas y no se nos están garantizando siquiera nuestros derechos básicos en salud y alimentación. Esta situación promueve el éxodo de muchas mujeres en condiciones que las exponen a múltiples violencias como la trata, prostitución forzada, violencia sexual…y todo eso por fallas estructurales del Estado. Eso no es nada feminista”, dijo Romero.

El uso político de un movimiento necesario

La organización Medianálisis e IPYS Venezuela alertaron, por separado, sobre el riesgo de que se utilice la oleada de denuncias para arremeter contra profesionales de la comunicación, días después de que, diligentemente, Tarek William Saab informará que abrió investigaciones a los periodistas Víctor Amaya y Cesar Batiz “por denuncias públicas de mujeres víctimas de violencia psicológica y acoso sexual”.

Las denuncias se hicieron en una cuenta en Twitter (@reportera15) que señaló primero al director de El Pitazo: “Directores, coordinadores y jefes ejercen ‘su poder’ para abusar de mujeres trabajadoras de la prensa. Tal es el caso de César Batiz”, afirmó la cuenta vagamente. “Espero que en algún momento las víctimas de las aberraciones sexuales de César Bátiz hablen. Muchas de ellas aún trabajan en El Pitazo y dependen de ese empleo para mantener a sus familias”, agregó más adelante.

Luego, la misma cuenta nombró al director de Tal Cual, Víctor Amaya, e hizo referencias a un hilo del año pasado que hizo la periodista Alicia Hernández, en la que señala conductas inapropiadas, acoso y violencia psicológica, pero no detalla un nombre en específico y hasta ahora es algo que ha mantenido en reserva.

Menos de 24 horas después de que los tweets circularan se abrieron las investigaciones y ambos fueron citados a Fiscalía durante la primera semana de mayo.

Carlos Corrrea, director de la ONG Espacio Público, dedicada a la defensa a la libertad de expresión, hace énfasis en el respeto al debido proceso. “En relación a los casos de acoso, violencia sexual, que constituya delito, debe ser investigado y sancionado. Es importante que haya suficientes garantías para que las víctimas puedan obtener justicia”.

“No tengo elementos suficientes de los casos de Cesar Bátiz y Víctor Amaya. Solo lo que ha salido en prensa. No son equivalentes porque son acusaciones distintas y lo fundamental es que se pueda esclarecer. Lo que sí sé es que no hay un poder judicial independiente en Venezuela y en muchas oportunidades se usan estas herramientas para perseguir otros fines que no son los que se anuncian. Es muy importante que se den garantías para todas las personas que están siendo investigadas y que no se arrojen dudas de que se pudiese estar alguna persecución política. Si eso se da, o no se da con esas garantías, uno puede evaluar si lo que están tratando de acallar voces incomodas”, añadió.

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